Regularizar para reconocer: una oportunidad para avanzar en justicia social
La regularización extraordinaria no es un privilegio, sino un acto de justicia. Reconoce la dignidad de miles de personas que ya viven y trabajan en nuestro país y fortalece una sociedad más justa, cohesionada y fiel a los derechos humanos.
La apertura del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes que ya viven en nuestro país marca un punto de inflexión en la forma en la que entendemos la convivencia y la cohesión social. Desde Cáritas Diocesana de Santander recibimos esta noticia con profunda alegría y esperanza: para las personas a las que acompañamos cada día, esta decisión supone un horizonte real de dignidad y seguridad vital.
Quienes podrán acogerse a esta regularización no son recién llegados ni desconocidos para nuestra sociedad. Son nuestros vecinos: familias con las que compartimos calles, colegios y espacios públicos; personas que cuidan de nuestros mayores, limpian nuestros hogares y sostienen empleos que rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Viven aquí, trabajan aquí, contribuyen aquí. Sin embargo, la irregularidad administrativa les obliga a hacerlo bajo la sombra del miedo, la precariedad y la incertidumbre, situándolos en una posición de extrema vulnerabilidad social.
Desde Cáritas acompañamos a estas personas de manera cercana y continuada. Lo hacemos a través de nuestra presencia en todo el territorio de Cantabria, en las Cáritas parroquiales, los servicios centrales y el servicio jurídico especializado para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. En este acompañamiento cotidiano constatamos cómo la situación irregular no es un problema administrativo aislado, sino una barrera que atraviesa todas las dimensiones de la vida: el acceso al empleo digno, a la vivienda, a la salud, a la estabilidad emocional y a la participación social.
La decisión del Consejo de ministros de poner en marcha un procedimiento de regularización extraordinaria ha sido celebrada por diversas entidades de Iglesia —entre ellas Cáritas, CONFER, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)— como un paso indispensable para abordar con responsabilidad una realidad social que, por su magnitud, debe ser tratada como una auténtica cuestión de Estado. Esta regularización cuenta con un sólido respaldo social: en 2022 se llevó a cabo una iniciativa Legislativa Popular que, con más de 700.000 firmas ciudadanas y el apoyo de 900 organizaciones, pedía una regularización extraordinaria para reconocer los derechos de aproximadamente 500.000 personas que viven en España en situación administrativa irregular
Esta regularización no es un gesto simbólico ni un acto de excepcionalidad gratuita. Es una medida necesaria, fundamentada en criterios de justicia, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.
En primer lugar, resulta imprescindible desde la perspectiva de los derechos humanos. Mantener a cientos de miles de personas en una situación administrativa que las expone a la explotación y la desprotección supone una renuncia explícita a los valores fundamentales sobre los que se sustentan las democracias modernas. Ninguna sociedad puede aspirar a ser justa mientras permite que parte de quienes la sostienen vivan sin las garantías mínimas para desarrollar su proyecto vital.
En segundo lugar, la regularización tiene un impacto indiscutible en el ámbito económico y laboral. Cuando a una persona se le impide trabajar con derechos plenos, no solo se limita su capacidad de contribuir —de manera digna y regulada— al sostenimiento común, sino que también se incentiva un mercado laboral irregular que perjudica al conjunto de la sociedad. La medida permitirá aflorar un significativo volumen de aportaciones fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social que hoy se pierden o quedan invisibilizadas, pese a que estas personas ya contribuyen a través de su consumo y participación social.
En tercer lugar, la regularización es clave para mejorar la gobernanza pública. Gestionar políticas sociales, educativas, sanitarias o laborales sin contar administrativamente con una parte tan relevante de la población genera un déficit estructural que afecta directamente a la eficacia de las instituciones. Reconocer oficialmente la existencia de estas personas permite planificar mejor, anticipar necesidades y diseñar políticas públicas ajustadas a la realidad.
El camino iniciado ahora requiere avanzar con altura de miras, con voluntad de consenso y con la convicción de que la regularización extraordinaria no es un privilegio, sino un acto de justicia largamente aplazado.
Regularizar no es regalar nada. Es reconocer lo que ya existe: vidas tejidas en nuestras comunidades, trabajos que sostienen nuestro bienestar colectivo y vínculos que enriquecen nuestra convivencia. Es afirmar que nadie debería vivir con miedo mientras sostiene nuestra sociedad con su esfuerzo.
Nos encontramos ante una gran oportunidad. Aprovecharla es una responsabilidad compartida que nos interpela como país y como ciudadanos. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando en una sociedad más justa y cohesionada, en la que todas las personas, como ciudadanas, pongamos lo mejor de cada una para construir un futuro más próspero e igualitario. Porque la dignidad no se negocia; se reconoce.
